Más sobre las indemnizaciones por el accidente de Spanair: ¿Un caso de corrupción?

Lo ocurrido el 20 de agosto de 2008, cuando un avión de Spanair, que hacía el vuelo 5022,  sufrió un accidente que le costó la vida a 154 personas fue un auténtico drama. Y el drama aún continúa, sobre todo cuando los familiares de los fallecidos han visto cómo la indemnización por accidente que, conforme a Derecho les corresponde, se verá reducida en un 50 %, al agotarse la vía penal. Ahora todo lo que queda es iniciar el procedimiento civil. Hasta aquí todo parece normal, aunque trágico y desalentador. Nada más lejos de la verdad. Si uno lee la prensa de este país hay una frase que, en varias noticias, llamará la atención. La cito textualmente: “el juez pidió informes tanto a la compañía Boeing -responsable del MD82 que se estrelló- como a la Comisión de Investigación de Accidentes americana, pero el abogado del Estado recurrió esta petición y la documentación no se entregó al juzgado”.

Hay que hacerse una pregunta y buscarle respuesta: ¿Por qué la abogacía del Estado recurrió la petición del Juez de Instrucción? Es más, ¿por qué intercede la abogacía del Estado a favor de Spanair y en contra de los familiares de las víctimas y de los pocos supervivientes? Nuestra primera reacción fue pensar que aquí hay gato encerrado. La segunda investigarlo. Y, como toda buena investigación, esta ha dado sus frutos, que a continuación detallamos.

El recurso de la Abogada del Estado, el cual se cita en la página 6 del Auto Nº 616/2012, del Juzgado de Instrucción Nº 12 de Madrid fue presentado entre el 12 de diciembre de 2011, cuando se dictó “auto en el que se acordaba la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado contra Felipe García Rodríguez y José Antonio Viñuela Chaves, por si los hechos fuesen constitutivos de 154 delitos de homicidio imprudente y 18 delitos de lesiones imprudentes; y contra las entidades mercantiles “Spanair, S. A.” y “Mapfre Global Risks Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S. A.”, como posibles responsables civiles”, y el 18 de septiembre de 2012, un día antes de que se dictara el auto del que aquí se está hablando. Esto quiere decir que el Partido Popular ya estaba en el Gobierno cuando la abogacía del Estado presentó el recurso.

Pero, ¿qué tiene que ver el Partido Popular y el Gobierno con el recurso de la abogacía del Estado? En primer lugar, el hecho de que sea la abogacía del Estado la que haya presentado dicho recurso; en segundo lugar, el hecho de que, desde el año 2010, se incorporase Don Rodrigo de Rato Figaredo, más conocido como Rodrigo Rato, al Consejo de Administración de Mapfre S.A., la aseguradora de Spanair. No podemos afirmar que Mapfre, en previsión de la victoria electoral del PP, al que Rato pertenece, nombrara a este miembro de su Consejo de Administración, pero sí que estamos dispuestos a afirmar que, es este hecho el que llevó a la abogacía del Estado a interceder con su recurso a favor de Mapfre S.A. En otras palabras, la compañía ha hecho uso de sus lazos políticos para pagar unas indemnizaciones un 50 % más bajas, al conseguir agotar el procedimiento penal.

En resumen, Mapfre es la aseguradora de Spanair. Por otra parte, Rodrigo Rato está en el Consejo de Administración de Mapfre. Don Rodrigo es un miembro fuerte del partido en el Gobierno, el Partido Popular, lo que ha llevado a que la Abogada del Estado interpusiera un recurso que entorpeciera la investigación del Juez de Instrucción. De este modo la vía penal queda agotada, siendo la vía administrativa la única abierta para la reclamación de los familiares de una indemnización por accidente.

Esteban Galisteo Gamez.